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El director general del servicio de estadísticas y estudios de ICEA, José Antonio Sánchez, ha reconocido que el impacto del Covid-19 se notará tanto en el negocio como en la rentabilidad del sector asegurador, aunque dependerá de la duración del confinamiento y el estado de alarma.
Según ha puesto de manifiesto durante la última reunión del grupo de trabajo ‘crisis Covid-19’ organizada por el Instituto Atlántico del Seguro (Inade), se producirá una ralentización del crecimiento en el negocio de las entidades aseguradoras en el año 2020, que “seguramente” se compensará durante el próximo año. “Si el 1 de septiembre estamos todos funcionando, esta caída se recupera en el 2021”, ha señalado Sánchez, quien cree que el problema será menor en la rentabilidad, que “no se verá comprometida”.
El director de ICEA ha explicado que la pandemia está provocando una crisis de demanda y una crisis de oferta. Además, se producirá una “criba” entre los corredores que viven de dicha actividad y aquellos para la que es “accesoria”, viéndose más perjudicados por la crisis los segundos, por lo que prevé que se produzca una concentración de la distribución y un aumento de la profesionalización, lo que supone “una gran oportunidad para la mediación”.
Facua-Consumidores en Acción advierte de que las entidades de crédito no pueden imponer la contratación de seguros a los usuarios que soliciten a los bancos las ayudas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago del alquiler de sus viviendas.
La asociación ha tenido conocimiento de que diferentes entidades están exigiendo la contratación de un seguro de Vida como condición para conceder financiación a través de las Líneas ICO para empresas, especialmente autónomos y pymes, aprovechando que las distintas normas aprobadas por el Gobierno en el estado de alarma no prohíben expresamente estas prácticas.
El Gobierno permitirá el rescate de los planes de pensiones durante los próximos seis meses a afectados por el coronavirus desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se anunció el estado de alarma, según un nuevo Real Decreto que facilitará de forma excepcional que se pueda acceder a los derechos consolidados de los planes a aquellos empleados que se hayan quedado sin trabajo por un ERTE, y a empresarios y autónomos que hayan cesado su actividad.
El Real Decreto establece tres supuestos: Estar en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma; y los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social y que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
Los expertos opinan sobre la previsible evolución de un mercado que se ve marcado, en gran medida, por la consistencia de la recuperación económica y el consumo y por la evolución de los mercados financieros.
Desde las compañías aseguradoras se respira optimismo de cara a la recuperación de un ramoque, según prevén, continuará con una evolución positiva a corto plazo. Además del actual entorno de tipos de interés y de una mayor sensibilización por parte de la mediación en este tipo de pólizas, se constata también un cambio de mentalidad sobre la necesidad de buscar caminos de ahorro alternativos para asegurar rentas futuras que complementen las pensiones de jubilación.
La sanidad privada atendía, a fecha de ayer, a unos 970 pacientes por Covid-19, de los cuales aproximadamente 80 estaban en Unidades de Cuidados Intensivos, según los datos recabados por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los hospitales privados. El sector también había realizado más de 1.800 test positivos y se habían registrado 30 fallecidos en los centros de titularidad privada.
Mapfre ha celebrado en Madrid su junta general de accionistas más atípica. En una ciudad al borde del bloqueo total para evitar la extensión del coronavirus, la mayor aseguradora española ha reunido a un puñado de directivos y accionistas para aprobar las cuentas de 2019. El presidente del grupo, Antonio Huertas, ha reconocido que la pandemia ya está golpeando a la industria aseguradora, y ha revisado a la baja algunos de los objetivos aspiracionales que se había marcado la compañía previamente.
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Las aseguradoras niegan cualquier problema en el tratamiento a las cerca de 400 personas infectadas por el coronavirus en España. Ante las dudas que surgieron ante la expansión del brote, Unespa, la Asociación Empresarial del Seguro, emitió un comunicado la semana pasada en el que aseguraba que “el sector asumirá los costes que le corresponden derivados de la situación que se genere”, tal y como ocurrió con otros brotes como el del SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2002 y 2003, la gripe aviar en 2004 y 2006 o la gripe porcina de hace un par de años. “Los asegurados que acuden en la actualidad a un centro sanitario privado de los cuadros médicos de las aseguradoras están siendo atendidos con total normalidad”, afirma la patronal de las aseguradoras.
En caso de accidente entre vehículos, la aseguradora del causante debe hacerse cargo de los gastos del alquiler del coche de sustitución del perjudicado, sin que pueda exigirse a este que acredite que lo necesita (ya sea para trabajar o para cualquier otra actividad). Así lo establece la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia en la que determina que la mera tenencia del automóvil, de forma previa al accidente, sirve para probar su necesidad (sin que quepa, por tanto, reclamar una demostración adicional).
